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Casos prácticos en los que accidentes o tragedias ponen en jaque la trascendencia de una empresa. Desde la perspectiva de compliance se analizan las responsabilidades legales y el panorama ético ante posible daños punitivos.
Desde junio de 2018, 10 turistas estadounidenses, alojados en diferentes hoteles de la República Dominicana, han fallecido bajo circunstancias misteriosas después de episodios de fatiga, vómitos y mareos inexplicables. Las autoridades locales han argumentado que se trata de muertes por “causas naturales”, pero el FBI y organismos sanitarios se encuentran realizando una exhaustiva investigación que arrojará resultados toxicológicos para dilucidar sobre las causas de estos incidentes.
► Autoridades del FBI se encuentran actualmente en República Dominicana realizando investigaciones en relación a los sucesos.
► El gobierno dominicano está siendo apoyado por el FBI en la realización de pruebas toxicológicas para descartar patógenos o sustancias que pudieron causar los episodios de vómito de sangre, cansancio extremo, bochornos y tos.
► Agentes de viajes estadounidenses han comenzado a tomar precauciones y mientras se realiza la investigación no recomiendan viajar a este país, aumentando el índice de cancelaciones de vuelos EUA-República Dominicana.
El gobierno local ha clasificado todos los fallecimientos como “causas naturales”, minimizando la situación tras el argumento de que los incidentes han sido aislados y que Punta Cana, uno de los principales destinos donde se han presentado incidentes, es un sitio seguro y certificado para garantizar el bienestar de los huéspedes de los múltiples hoteles a las orillas de la bahía.
No obstante, al tiempo que minimizan la situación, las autoridades han exigido nuevas medidas cautelares ante la situación, entre las que destacan la presencia de personal de salud en cada hotel, el llenado de una hoja de contactos para los huéspedes en casos de emergencias e inspecciones sanitarias regulares.
La cooperación de las autoridades locales con el FBI asegura que el protocolo sea el correcto y se reduzca el daño turístico al país al encontrar la verdadera causa de las muertes. Al tratarse de distintos hoteles, las familias de los fallecidos tendrían que demandar indemnización por daños punitivos, tal como sucedió hace 9 años, cuando un joven murió electrocutado mientras utilizaba un kayak dentro de las instalaciones del Mayan Palace en Puerto Vallarta, Jalisco.
En aquella situación, el caso procedió históricamente bajo el argumento de daños punitivos, un término que no había sido aplicado jurídicamente en el marco normativo mexicano.
Al final se dio el fallo a favor de la familia y el corporativo hotelero tuvo que pagar 30 millones 259 mil pesos a la madre y padre de la víctima, bajo la causal de daño moral.
Una vez que se haga pública la razón de las muertes de los turistas, en el caso de República Dominicana, sus familias podrán proceder de manera legal y probablemente el término “daño punitivo” para abrir un juicio marque un precedente como sucedió en México.