El sábado pasado entró en vigor el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, base de datos que generó polémica durante su discusión en el Senado debido a que los usuarios de celulares deberán entregar datos biométricos —que incluyen huellas dactilares así como de reconocimiento facial e iris— a las compañías con las que tienen contratados sus servicios.

El decreto de creación, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) dice: 

“El registro del número de una línea telefónica en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, que deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio de la línea telefónica móvil”.

Lo anterior es muy claro: no se podrá contratar una nueva línea de teléfono móvil sin proporcionar todos los datos señalados. Sin embargo, la obligatoriedad en la entrega de la información aplica también para las líneas que ya existen. En resumen, desde el sábado 17 de abril los 124 millones de usuarios de celulares en el país tienen la obligación de proporcionar, eventualmente, sus datos y realizar el registro de sus biométricos con la compañía que les brinda el servicio.

La nueva legislación fue tratada en la Cámara de Diputados, en diciembre del año pasado, y en el Senado de la República, a inicio de este mes. Fue durante la segunda discusión que se generó una mayor campaña de rechazo a la creación del padrón por parte de organizaciones civiles que destacaron la vulnerabilidad en que estarán los usuarios de celulares en el país dado que es necesario asociar a cada número de celular:

La fecha y hora de activación, nombre completo del usuario o razón social —cuando se trate de un teléfono de empresa o persona moral—, la nacionalidad, la Clave Única de Registro de Población (CURP), además de indicar si es una línea de prepago o de pospago. 

Los grupos que expresaron su rechazo a la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil señalaron que el registro de toda esa información vulnera la seguridad y los derechos de los usuarios puesto que se mantendrá activa hasta seis meses después de que el consumidor solicite su baja por robo o extravío. Esto sin contar la posibilidad de que se dé un hackeo de la base de datos y esta se venda en el mercado negro. 

Según el decreto, cada compañía de servicios de telefonía deberá correr con los gastos de la toma de datos personales y biométricos de sus usuarios, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señaló que la creación del padrón tendrá un costo aproximado de 700 millones de pesos destinados a crear la red informática necesaria, así como la contratación de 150 funcionarios para su operación.