El gobierno federal acordó con empresas y sindicatos que se dará un plazo no mayor de tres meses para que las empresas contraten en nómina directa a todos los trabajadores que tengan bajo el esquema de outsourcing.

Lo anterior, alineado y esperado en la propuesta realizada de inicio por la presidencia de la república, cae en un terreno un tanto adverso si se toma en cuenta que México es el cuarto país, a nivel mundial, con la mayor cantidad de trabajadores subcontratados.

De acuerdo con datos de la Confederación Mundial de Empleadores (WEC, por sus siglas en inglés), Estados Unidos, China y Japón, lideran el listado global. México les sigue con 4.7 millones de empleados bajo dicha modalidad. 

De acuerdo con la WEC, una de las formas legales de subcontratación es la que se hace vía agencias, forma que permite asegurar beneficios para los trabajadores y evitar ofertas laborales precarizadas.

Antes del inicio de la pandemia por COVID-19, más de 60 millones de personas, en todo el mundo, ingresaron al mercado laboral vía una agencia de colocación. Por ejemplo, en Estados Unidos, según la WEC, 16 millones de empleados fueron contratados por agencias y no directamente por las empresas en las que laboraron. 

Sin embargo, la reforma propuesta en México respecto al outsourcing parece dejar poco margen de maniobra para la llamada Industria de servicios de empleo que, a nivel global, tuvo un valor de casi 500 millones de euros. 

De acuerdo con declaraciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), todos los trabajadores, sin excepción, deberán formar parte de la nómina del patrón real antes de que termine el plazo señalado. 

Lo anterior también tendría injerencia en el reparto de utilidades (PTU), por lo que fue otro de los temas que se abordaron en las mesas de análisis y foros de discusión, que se realizaron durante el trimestre anterior. 

La STPS indicó que ahora se tendrán dos modalidades para calcular el PTU, que aún no se dieron a conocer, y afirmó que con esto se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto de las utilidades a repartir entre los trabajadores. 

Representantes de la secretaría señalaron también que, finalmente, los acuerdos alcanzados se entregarán en breve a la Cámara de Diputados para que, tras el análisis de los legisladores, se dé la votación y eventual aprobación de la reforma.