La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) entró en vigor el 19 de julio del 2017. Podríamos pensar que esta es una norma exclusiva para los servidores públicos, pero también rige a los particulares que tienen cualquier tipo de relación con el sector público. Por esta razón, el incumplimiento de la LGRA sanciona a la persona moral que realice algún acto no ético, de corrupción o soborno a través de personas físicas que actúen en su nombre (o representación) para obtener una ventaja competitiva impropia.

Uno de los puntos más críticos de la LGRA es que en el caso de determinar responsabilidades, se evaluará si la persona moral diseñó e implementó una Política de Integridad que deberá operar eficazmente y monitorearse en toda la organización. Asimismo, la LGRA establece los siguientes requisitos para implementar esta política:

1. Manual de Organización y Procedimientos que delimite las funciones y responsabilidades de las áreas del negocio, y que establezca claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo.

2. Código de Conducta que incluya sistemas y mecanismos de aplicación prácticos, y que fue debidamente publicado y comunicado entre los empleados.

3. Sistemas de Control, Vigilancia y Auditoría que examinen el cumplimiento constante y periódico de los estándares de integridad de la empresa.

4. Líneas de Denuncia internas y externas (con comunicación a las autoridades competentes), así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas contra quienes infringen las normas internas del negocio, o los preceptos de la LGRA.

5. Políticas de Recursos Humanos enfocadas en evitar la contratación de personas que puedan poner en riesgo la integridad de la organización.

6. Mecanismos de Transparencia que garanticen la comunicación abierta de los interese del negocio.

7. Procesos de Entrenamiento y Capacitación para conocer y ejercer las medidas de integridad anteriores.

Algunas de las sanciones por incumplir la LGRA son las siguientes:

• Personas Físicas

  • Sanción económica: hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, o entre 100 y 150,000  veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

  • Inhabilitación temporal: por un periodo de 3 meses hasta 10 años.

  • Indemnización por daños y perjuicios.

• Personas Morales

  • Sanción económica: hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, o entre 1,000 y 1,500,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

  • Inhabilitación temporal: por un periodo de 3 meses hasta 10 años.

  • Suspensión de actividades: por un periodo de 3 meses hasta 10 años.

  • Indemnización por los daños y perjuicios.

  • Disolución de la sociedad.

La LGRA es una motivación para reevaluar si nuestros negocios realmente cuentan con un ambiente de control adecuado. Una respuesta afirmativa garantiza que la entidad disfruta de un buen funcionamiento, alineado a un modelo de Gobierno Corporativo; todo esto, soportado por las personas, los procesos y la tecnología de la empresa.