El outsourcing ilegal consiste en prácticas como venta de facturas o nóminas inexistentes, así como el registro de salarios mínimos, la subcotización, el robo de nómina y la evasión de impuestos.

Necesaria denuncia para combatir Outsourcing

Para combatir a las instituciones que realizan outsourcing ilegal, así como fiscalizar sus acciones por la vía administrativa, resulta valiosa la colaboración de los trabajadores y la sociedad civil. Esto se debe principalmente a las limitantes que instituciones como el IMSS o el SAT enfrentan al atender una reducida cantidad de denuncias ciudadanas sobre estas prácticas.

Por lo anterior, tanto las instituciones públicas como los diversos organismos empresariales, entre los que destaca la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), han insistido en fortalecer la conciencia ciudadana ante prácticas de evasión, abuso y subcontratación ilegal, que se traduciría en un aumento de denuncias ante las instituciones responsables de auditar y sancionar a las empresas u organizaciones infractoras, así como del registro de las mismas para prevenir futuras infracciones.

Pese a rodearse de una mala reputación producto de éstas empresas “simuladoras” de subcontratación, el outsourcing en sí mismo es un posibilitador de la formalización del empleo en nuestro país, según la AMECH. Por ello, resulta aún más apremiante fortalecer mecanismos de denuncia que eliminen la existencia de las “simuladoras”, entre los que destacan el buzón tributario, las llamadas anónimas y la verificación domiciliaria.

El outsourcing fiscal perjudica a la hacienda pública (SAT), disminuye los recursos destinados a la seguridad social (principalmente a través del IMSS, INFONAVIT y pensiones), y finalmente reduce la credibilidad de otras empresas empleadoras y de las Cámaras pertenecientes a las diversas industrias.